Más de 350 participantes debatieron estrategias para la prevención del conflicto penal juvenil

La Jornada de Intercambio de Equipos Territoriales y Actores Locales en el Centro de Posgrado tuvo lugar en el Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

26 de Febrero, 2026

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La iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, busca fortalecer las políticas de prevención del conflicto penal en adolescentes y jóvenes, a partir del trabajo articulado entre distintos niveles del Estado y actores locales.

El encuentro reunió a los equipos de trabajo del programa y a representantes de municipios y propuso un espacio de trabajo y reflexión colectiva orientado a identificar estrategias eficaces para abordar esta problemática compleja.

La apertura estuvo a cargo de un panel de especialistas. Hernán Monath, Oficial de Protección de Derechos de UNICEF Argentina, destacó la necesidad de producir evidencia para enriquecer el debate público. “Entramados combina los aportes del trabajo cotidiano de los equipos municipales con herramientas que posibilitan construir colectivamente evidencia para el debate público y sobre todo para mostrar cuáles son las maneras más efectivas y eficaces de prevenir las violencias asociadas al delito”, señaló.

Por su parte, la investigadora de la UNSAM Marina Medan puso el acento en la articulación interinstitucional. “Tenemos culturas y lógicas muy distintas, pero tenemos que encontrar los interlocutores posibles. Las mesas multiagenciales son una buena oportunidad para esto”, afirmó.

Durante la jornada se desarrollaron dos espacios de intercambio grupal en los que los equipos trabajaron sobre gestión territorial y articulación comunitaria, el acceso a la salud y la educación, Intervenciones territoriales con adolescentes y jóvenes, la fragilidad de las redes de cuidado y los vínculos familiares, así como la exposición de jóvenes a economías ilegales y redes delictivas y los circuitos institucionales en aprehensiones, seguimiento de situaciones y causas judiciales. También se analizó cómo el sentido de pertenencia y las situaciones de vulnerabilidad estructural inciden en estas dinámicas.

El panel de cierre contó con la participación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres. También participó Marcos Gómez, padre de Kim Gómez, quien compartió con los presentes sus reflexiones en torno a la problemática.

Kogan valoró los espacios de intercambio y de articulación institucional que se están generando a través de Entramados. “Permiten identificar vacancias, compartir buenas prácticas y construir criterios comunes que reduzcan la fragmentación institucional. La fragmentación es muchas veces una forma silenciosa de vulneración de derechos; la articulación, en cambio, es una garantía concreta”, afirmó.

En la misma línea, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Pellegrini, planteó que el programa propone un enfoque alternativo a las respuestas punitivistas. “Entramados es una solución distinta a la que vemos en otros niveles en materia de responsabilidad penal juvenil. Es una solución más compleja, que requiere mayor esfuerzo institucional y compromiso, pero que puede ofrecer respuestas más adecuadas a las víctimas”, sostuvo.

La directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, subrayó la importancia de generar oportunidades para las juventudes. “Tenemos que construir entre todos espacios que sean ocupados por los jóvenes y los alejen de conductas destructivas y les garanticen el derecho al futuro. Y para lograrlo, lo primero que debemos hacer es trabajar hoy por los niños, las niñas, las adolescencias y las juventudes”, expresó.

Finalmente, el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, destacó el enfoque preventivo como eje de la política pública. “Nuestra política de seguridad coloca a las víctimas en el centro, pero sabemos que el sistema penal llega cuando el daño ya está hecho. Su función es necesaria para garantizar el acceso a la justicia, pero no puede reparar lo irreparable. Por eso, si queremos proteger a las víctimas y evitar que más personas atraviesen esas situaciones, tenemos que actuar preventivamente”, concluyó.

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